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Manos Limpias ha interpuesto una denuncia ante los juzgados de Madrid contra Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y presidente en funciones del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) (Air Europa: piden al juez que investigue el troceo del rescate).

Según informa El Debate, la demanda se centra en el rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa en noviembre de 2020, operación que para el sindicato no cumplía los requisitos exigidos por la normativa que regulaba el fondo debido a que Globalia mantenía deudas significativas con la Agencia Tributaria, circunstancia que constituía una causa expresa de exclusión para acceder a ayudas públicas.

El marco regulador del FASEE exigía que las empresas beneficiarias de ayudas estatales estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, Globalia tenía, según Manos Limpias, deudas millonarias con Hacienda.

El sindicato también cuestiona la forma en la que se estructuró la ayuda estatal. Los 475 millones del rescate se articularon mediante dos préstamos —uno participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones—. Al ser ambos inferiores al umbral de 250 millones de euros establecidos por la Unión Europea, se evitó tener que notificar la operación al Ejecutivo comunitario.

Otro de los elementos señalados es la naturaleza de la sociedad beneficiaria, Air Europa Holding SLU, constituida un año antes de la aprobación de la ayuda pública y con un capital social reducido, lo que, a juicio del sindicato, incrementa las dudas sobre la idoneidad y legalidad de una inyección de tal magnitud.

La denuncia atribuye a Bartolomé Lora posibles delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas a funcionarios. Solicita por todo ello la apertura de diligencias judiciales, así como una citación para declarar a Bartolomé Lora y otros altos cargos implicados en la decisión.

Recuperar un avión que ha estado fuera de servicio es una tarea titánica. Sólo por la tremenda demanda de viajes que ha surgido tras la pandemia y los graves retrasos de Boeing y Airbus, las aerolíneas se metieron en el lío de restaurar sus aeronaves fuera de servicio (Uno de los mayores clientes del A380 anuncia su adiós).

A la australiana Qantas le ha pasado. Tenía diez A380 que retiró apenas se produjo la pandemia y que volvió a volver a poner en servicio poco a poco en los últimos años. Los problemas más serios se han producido con el último, el que tiene la matrícula VH-OQC. Como todos los demás, fue restaurado en Abu Dabi.

El avión estuvo en un cementerio desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 29 de noviembre pasado, 2025. Ese día salió a las pistas para volver a operar. Y lo hizo: voló únicamente de Sídney a Los Ángeles, pero ya no regresó.

Antes, la restauración: Qantas empleó cien mil horas/hombre para restaurar el avión. Sin embargo, al empezar a volar, un viajero vio cómo una parte del ala se desintegraba. En realidad no era el ala sino una aleta adicional que llevan estos aviones para adaptarse al aire y orientar el avión. Esa pieza, que no representa un riesgo estructural, se desintegró parcialmente.

Pero eso no es de recibo en un avión. No sólo porque los pasajeros se ponen nerviosos sino porque ha de funcionar correctamente.

Un poco peor, algunas conexiones eléctricas tampoco funcionaron correctamente durante el vuelo, lo que impidió que los viajeros tuvieran entretenimiento a bordo y que los baños se desbordaran de agua porque no paraba el flujo de esta. Todo electrónica, todo estropeado.

Ahora, nuevamente, el A380 ha sido enviado a Abu Dabi, aunque se supone que alguien habrá preguntado por qué fue entregado con estos fallos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizó el pasado jueves la tercera detención en el marco de la investigación a Plus Ultra por un presunto blanqueo de capitales con el dinero del rescate otorgado por la SEPI (El sector, expectante con la detención de la cúpula de Plus Ultra).

Según revela The Objetive, se trata de Julio Martínez Martínez, empresario español con intereses en Venezuela y que forma parte de la cartera de clientes de Whathefav, la agencia de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

No es su única conexión con el expresidente del Gobierno. Y es que Julio Martínez Martínez, quien en principio no forma parte de la estructura de Plus Ultra, administra dos sociedades con sede en una urbanización de Vera (Almería) llamada El Mirador, donde Zapatero fue propietario de un chalet durante más de una década.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en los contratos más controvertidos firmados por Correos bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, una de las personas del círculo más cercano a Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias del PSOE, junto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Francisco Salazar (Hacienda obligó a Correos Cargo a contratar a Iberojet).

Según informan El Mundo y Vozpópuli, los agentes que se personaron este viernes en la sede de la empresa pública requirieron documentación relacionada, entre otros asuntos, con el acuerdo suscrito con Ávoris para crear la compañía Correos Cargo.

El proyecto para irrumpir en el negocio del transporte aéreo de mercancías fue un completo fiasco. El acuerdo contemplaba que Correos asumiera dos Airbus A330 de Iberojet, aerolínea de Ávoris, para el transporte internacional de paquetería.

Los aviones no estaban acondicionados para tal fin, lo que provocó unas pérdidas de alrededor de 25 millones de euros para el grupo postal. La posterior ruptura entre ambos derivó en una batalla legal millonaria que sigue pendiente de resolución (Correos, contra las cuerdas por la demanda de Ávoris).

En el momento del lanzamiento de Correos Cargo, en enero de 2022, el capital de Ávoris se lo repartían Barceló y Globalia, esta última propietaria de Air Europa (poseían el 51,5% y el 49,5%, respectivamente). Air Europa recibió previamente un rescate estatal de 475 millones de euros, mientras que el tándem Ávoris-Globalia obtuvo 320 millones (Fusión de Globalia y Ávoris: constituida la nueva sociedad).

El caso vuelve a poner en entredicho la gestión de Correos durante la presidencia de Juan Manuel Serrano y el uso de fondos públicos en proyectos que acabaron siendo un fracaso, mientras la investigación de la UCO avanza para depurar posibles responsabilidades.

Desesperación en el sector de las agencias de viajes ante la pasividad del Ministerio de Interior en la búsqueda de soluciones para paliar el polémico registro de viajeros. CEAV lamenta que, más de un año después de su entrada en vigor, el Gobierno aún no ha publicado la orden ministerial que prometió para aliviar la presión (Miles de agencias, en jaque por el registro documental).

El presidente de la confederación, Carlos Garrido, apunta que “se buscan reuniones constantes” para avanzar en un tema que continúa generando mucho “malestar entre los clientes y las agencias”. Además, no le consta que haya sanciones por ahora, al tiempo que critica que “se siguen registrando muchos fallos técnicos en las plataformas”, y los clientes de turoperadores, especialmente de los extranjeros, “se niegan a dar datos”.

Por su parte, la gerente de la entidad, Mercedes Tejero, pide celeridad a Interior a la hora de publicar una Orden Ministerial que, en un principio, tenía previsto excluir de las obligaciones al sector MICE y a los organizadores de viajes en grupo.

“Una vez se publique la Orden Ministerial, la analizaremos y buscaremos otras opciones o tomaremos las acciones legales que consideremos. Sobre ella podremos actuar e intentar trasladar los perjuicios que tiene”, ha informado Tejero (Agencias y consumidores se unen para frenar ‘la norma Marlaska’).

Pero más allá de esta demanda, lo que realmente exigen los intermediarios es la exención de las agencias de esta normativa, que sigue siendo “de imposible cumplimiento”. “No mejora nada el que se nos haya incluido. Incluso puede perjudicar por la duplicidad o triplicidad de datos. No podemos saturar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha recalcado el vicepresidente de CEAV, José Manuel Lastra.

Como viene publicando Preferente, el polémico Real Decreto 933/2021, en vigor desde el 2 de diciembre tras múltiples prórrogas, exige a los alojamientos turísticos y agencias de viajes recabar y custodiar hasta 42 datos personales y bancarios de los clientes. Unos requisitos que han desencadenado un caos administrativo entre las empresas.