Preferente

Desde un principio, era evidente que los viajes que el Estado subvenciona para los mayores eran un caramelo electoral: “yo le regalo la subvención y usted ya sabe a quién votar”. Tan es así que prácticamente todas las autonomías se han lanzado a hacer lo mismo, repartiendo dinero a todo el mundo (Revolución en el Imserso: los mayores podrán viajar con quien quieran).

El pretexto es que “ya hemos trabajado y cotizado” durante toda la vida. También podría haber sido “para algo hemos pagado impuestos”. O, mucho más descarnado, “ande yo caliente, ríase la gente”. La edad ayuda a justificarlo, pero no deja de ser que nos hemos acostumbrado a ello.

Ahora, el Gobierno está pensando en que, además del cónyuge del beneficiario, viaje cualquier persona que este elija. Yo habría pensado en cualquier momento que eso era imposible que ocurriera, pero siempre que he tenido esta idea, con otras mil cosas, siempre ha terminado por ocurrir y siempre me he equivocado. Lo imposible al final siempre ocurre. Ahora, ya lo verán, habrá viajes del Imserso para cualquiera que quiera.

Con el tiempo, vendrá el final de otras discriminaciones: ¿Y por qué únicamente una persona? Puede que el beneficiario tenga dos encantadores sobrinitos que quiere que viajen, o esos nietecitos maravillosos. Pues hágase: dos viajeros por jubilado. Y tres. Y más adelante, que el jubilado no sea necesario, que vayan los familiares y listo.

Caretas fuera: miren, si al final van a votar al partido que nos da las ayudas, que viaje quien quiera, incluso sin el jubilado. Imserso para todos. ¡Venga, basta de darle vueltas y vayamos al grano! ¿No tenemos transporte público gratis para todos en media España? Yo conozco regiones del país en las que, para ayudar al pequeño comercio, el Gobierno regala bonos de sesenta euros para comprar lo que sea. Así que, dejémonos de tonterías y regalemos viajes sin más, sin discriminaciones a favor de los jubilados o los mayores, sólo por vivir aquí, sólo por estar empadronados. Eso serían servicios sociales puros. Para todos.

Es como tenía que ser viajar: barato para todos. Y alguien tenía que ayudar a esto. Si hay subvenciones por la compra de un coche eléctrico, ¿por qué no debería haberlas para viajar? Crea empleo, dinamiza la economía y reduce las listas del paro. ¿Se acuerdan de aquello de que “si no se lo gastan en estos viajes se lo tendrán que gastar en el subsidio de paro para el personal de los hoteles”? Pues eso. Y encima nos recuerda para qué sirve el Gobierno. O la autonomía. O hasta el ayuntamiento.

Ahora que los barcos vuelven a navegar desde el Golfo Pérsico con combustible para el resto del mundo, una investigación de la revista Fortune parece demostrar que nunca existió riesgo alguno de desabastecimiento de combustible de aviación (Las aerolíneas apagan las dudas sobre el suministro de combustible).

Jim Edwards, periodista de Fortune, nos recuerda que fue la mismísima Agencia Internacional de la Energía la que, bien al inicio del conflicto bélico, en marzo, dijo que tal vez quedaba combustible de aviación para unas seis semanas y que por lo tanto iba a haber problemas importantes (“A Europa le quedan seis semanas de combustible para aviones”).

Sin embargo, hoy Fortune, hablando con diversas fuentes, indica que “en ningún momento se estuvo cerca de que no hubiera combustible”.

“No hemos visto ninguna carencia de combustible en Estados Unidos para nuestros viajes a Europa”, dijo Jamie Walker, el CEO de Jet Linx, una aerolínea de jets privados, con 100 aviones. “Sí han subido los precios, pero nada más”. Lo mismo afirma Greg Raiff, CEO de Elevate Jets. “La producción de combustible de aviación se multiplicó por seis en Estados Unidos, por lo que no hay riesgo de carencias. Como aerolínea nunca vivimos riesgo alguno de falta de combustible. Siempre compramos en el mismo lugar, sin cambios”.

Tampoco hay ni ha habido carencia en Europa, y lo confirma el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, quien añade que hace unas semanas “algunas aerolíneas optaron por cancelar algunas rutas que les suponían pérdidas”.

Y eso concluye la publicación americana: ha sido todo una forma de reducir rutas deficitarias con el paraguas de una carencia de combustible que nunca tuvo lugar.

El consejo de administración de Ryanair ha alcanzado un acuerdo con Michael O’Leary para su renovación como consejero delegado del grupo hasta abril de 2032, cuando tendrá 71 años. Se pone así fin a meses de negociaciones y a un amplio proceso de consulta con los principales accionistas (Michael O’Leary seguirá al mando de Ryanair más allá de los 70 años).

El nuevo contrato incluye “un salario modesto y una bonificación anual limitada”, afirman desde el grupo. O’Leary también tendrá derecho a una nueva opción de compra única sobre 10 millones de acciones ordinarias.

Siempre que el directivo permanezca en Ryanair hasta abril de 2032, estas acciones podrán ejecutarse a un precio de ejercicio de 26,70 euros (equivalente al precio de mercado vigente en febrero de 2026, antes de la reciente caída provocada la guerra en Irán), pero solo si el beneficio neto después de impuestos al cierre del ejercicio supera los 4.000 millones de euros o si el precio de las acciones supera los 42 euros durante 28 días consecutivos en el periodo que finaliza el 31 de marzo de 2032.

En realidad, el problema no es de Air France sino de Francia: sus relaciones con Mali están en el peor momento, después de que los gobiernos militares hayan llevado al país africano a declarar un boicot a todo lo que llega de Francia, obligando ya en 2023 a que se suspendiera la ruta a Bamako (Air France, expulsada del Sahel, sufre el golpe).

Pero ahora se cancela del todo porque las cosas no mejoran. Air France cierra su oficina en Mali. “La oficina en Bamako cesará en sus operaciones desde el próximo 30 de junio”, informó la agencia France Press.

La oficina seguía abierta vendiendo billetes para que los ciudadanos pudieran volar desde los países vecinos en los aviones de Air France. Pero ahora definitivamente ya se acaba.

Debido a la crisis militar del Sahel, con la fuerte presencia de movimientos radicales islámicos que echaron a las fuerzas armadas francesas, hace dos años que Air France no vuela a Bamako, Ouagadougou y Niamey (después un golpe de Estado en Níger). Hasta entonces era la primera aerolínea en la región, con siete vuelos semanales a Bamako, por ejemplo.

Hoy, Turkish Airlines es quien de alguna manera reemplaza a Air France. Corsair, otra compañía francesa, mantuvo un poco más sus servicios pero también tuvo que cancelarlos.

Una comunidad de vecinos del barrio sevillano de San Julián ha abierto una batalla para impedir la apertura de un complejo de nueve apartamentos turísticos con capacidad para 44 personas en los bajos de su edificio (Sevilla limitará el número de viviendas turísticas por barrios).

El proyecto, promovido por un fondo de inversión, también contempla la creación de una piscina y un solárium en el patio interior, una actuación que los residentes consideran incompatible con la tranquilidad del inmueble y que ha derivado en un conflicto administrativo y judicial. “Es una pesadilla para el barrio, si sigue adelante esto va a ser un infierno y no va a haber quien viva aquí”.

Según Eldiario.es, los propietarios intentaron blindarse frente a este tipo de usos modificando en 2023 los estatutos de la comunidad para prohibir las viviendas turísticas. Sin embargo, esa restricción no incluyó los locales comerciales. Así, cuando detectaron el proyecto, a finales de 2025, aprobaron una nueva modificación para extender la prohibición a todos los espacios del edificio, aunque la empresa sostiene que ese cambio no le afecta porque su iniciativa se desarrolla en locales comerciales situados en la planta baja y con acceso independiente.

El enfrentamiento ha llegado ya a los tribunales. La promotora ha presentado una demanda contra la comunidad por intentar impedir la actividad y reclama que, si el proyecto no sale adelante, los vecinos asuman unas pérdidas que cifra en 200.000 euros anuales. Ante esta situación, los propietarios han recurrido a asistencia jurídica con el respaldo de la asociación vecinal La Revuelta. “Esto asusta”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sevilla estudia otro de los frentes abiertos: la posible caducidad de la licencia de obras. Los vecinos sostienen que los trabajos permanecen paralizados desde hace casi un año y recuerdan que la normativa prevé la pérdida de la autorización cuando la obra permanece detenida durante más de tres meses. El Consistorio ha iniciado actuaciones para comprobar esa circunstancia y ha requerido documentación a la empresa, que, según fuentes municipales, no la ha aportado hasta el momento.

El conflicto se produce en una de las zonas con mayor concentración de alojamientos turísticos de la ciudad. Los residentes denuncian que la proliferación de este tipo de establecimientos está reduciendo la oferta de alquiler residencial y elevando los precios, una situación que, aseguran, está dificultando la permanencia de los vecinos en el barrio.

Aún no está aprobada la norma que el Consejo Europeo y el Parlamento cerraron esta semana y mucho menos ha entrado en vigor porque aún ha de pasar tal vez un año hasta que los países transfieran esa directiva a la legislación nacional, cuando será realmente exigible. Además de lo que ya se ha conocido, hay muchas variaciones menores que son de interés para el viajero (Europa abandona a los pasajeros ante las quiebras aéreas).

Si hay una cancelación antes de 14 días de la fecha del viaje la aerolínea no tiene que indemnizar.

Por un retraso, se aclara que el viajero tiene derecho a bebidas cada dos horas de espera, una comida después de tres horas y después otra comida cada cinco horas hasta un máximo de tres comidas al día; hay que ofrecer Internet al afectado y dos llamadas telefónicas (Europa: fracasan los cambios de los derechos de los pasajeros).

Si es necesario, la aerolínea ha de proporcionar el alojamiento y el traslado hasta el mismo.

Si la compañía no lo ofrece, el viajero puede buscarse por su cuenta todo lo anterior, conservar las facturas y exigir el pago posterior.

Las aerolíneas no podrán negar el embarque a un pasajero que tenga dos billetes consecutivos (puede ser una ida y vuelta, por ejemplo) y que no haya usado el primero y se presente para viajar en el segundo tramo. A día de hoy, las compañías legacy sobre todo rechazaban al viajero diciendo que no había volado el primer tramo.

Padres e hijos se sentarán juntos sin coste adicional.

Si un vuelo se cancela, la aerolínea debe ofrecer otra ruta al viajero en un plazo de tres horas, sea con otra línea aérea o vía otros aeropuertos. Esto no afecta a la indemnización. Si no ofrece ese vuelo alternativo al viajero en tres horas, los viajeros pueden buscarse el vuelo por su cuenta y después pedir un reembolso por un 400 por ciento del precio original del billete.

Estas normas afectan a todos los vuelos interiores en Europa, de cualquier aerolínea. Y a todos los pasajeros que llegan a Europa procedente de un país no europeo con una compañía europea (no con una no europea) y los que salen del continente con cualquier aerolínea, incluso no europea. En el caso británico, es de esperar que como ocurre ahora mismo, se adopten medidas similares. Hoy, las normas son iguales también del otro lado del Canal de la Mancha.

SoloGrupos ha cerrado 2025 con una facturación superior a los 15 millones de euros, un resultado que supone duplicar los ingresos obtenidos el año anterior. El turoperador alcanzó las previsiones que había marcado un año antes y encara el conjunto del 2026 con expectativas de seguir ampliando su actividad (Sologrupos aspira a facturar 15 millones en su segundo año de vida).

El balance del ejercicio se apoya en la gestión de más de 1.500 grupos durante el pasado año. La compañía atribuye esta evolución a la necesidad del sector de contar con mayoristas con experiencia y capacidad de reacción en un contexto cada vez más exigente.

Para dar cobertura a ese crecimiento, SoloGrupos ha consolidado una red operativa con cupos propios en destinos de España, Portugal y distintos países europeos. Actualmente, trabaja con más de 550 agencias de viajes, apoyándose en una estructura diseñada para reducir los tiempos de respuesta y facilitar la gestión diaria de los profesionales del canal minorista.

El aumento del volumen de negocio también ha llevado a la empresa a reforzar su plantilla y a preparar el traslado a unas nuevas instalaciones en Pontevedra con mayor capacidad operativa. Paralelamente, está desarrollando un plan de inversión tecnológica destinado a mejorar tanto sus procesos internos como la experiencia de sus clientes.

“Nuestro objetivo es liderar la digitalización en el segmento de grupos sin perder de vista el enfoque humano que nos caracteriza”, destacan sus principales directivos, Julio Casalderrey y Miguel Mayordomo. Así, “la prioridad es evolucionar al mismo ritmo para seguir ofreciendo la mejor atención. Por eso estamos digitalizando nuestra operativa interna para ser más eficientes y ofrecerles las soluciones y las respuestas rápidas que exige el mercado actual”.

José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que realizó una llamada al Banco Santander para facilitar que responsables de Plus Ultra fueran recibidos por directivos de la entidad. Durante su declaración como investigado en el caso que analiza el rescate de la aerolínea, ha insistido en que esa gestión no tuvo como finalidad obtener financiación ni intervenir en favor de la compañía (Zapatero niega ante el juez haber intervenido en el rescate de Plus Ultra).

Según la comparecencia, recogida por El Español, el expresidente del Gobierno ha explicado que su actuación se limitó a comprobar si los representantes de la empresa podían mantener un encuentro con responsables del banco, sin ningún interés en favorecer la concesión de financiación (Clientes de Zapatero: AC Hotels, Air Europa, Air China…).

Zapatero también ha negado cualquier participación en las gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. A su juicio, ningún directivo de la aerolínea le pidió ayuda para acceder a esas ayudas públicas y ha negado haber realizado contactos “ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie del rescate de Plus Ultra”.

La declaración se produce en el marco de la investigación que dirige el juez José Luis Calama, quien sitúa al exlíder socialista como presunto cabecilla de una red que, según la instrucción, habría cobrado comisiones ilegales a cambio de ejercer influencia sobre distintas administraciones en beneficio de determinadas empresas, entre ellas Plus Ultra.

La investigación ha dado un nuevo paso con la decisión del magistrado de citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. La medida, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, permitirá que las tres comparezcan con todas las garantías procesales y puedan ejercer su derecho de defensa durante la instrucción.